El tramo La Dorada-Chiriguaná sería la primera Alianza Publico Privada férrea, pero la ANI no ha logrado la adjudicación de esta mega obra de $3.4 billones
El regreso del ferrocarril como vehículo de transporte de carga es otra de las prioridades del gobierno Petro y ha sido muy bien recibida por los empresarios que tienen que mover productos permanentemente. El anterior director de Planeación, Jorge Iván González, dejó andando varios estudios de factibilidad para abrir las licitaciones. Uno de los proyectos más avanzados es el tramo La Dorada – Chiriguaná, el corredor que conecta el centro del país con la Costa que ya está funcionando aprovechando los rieles actuales, pero el gran proyecto es a través de una Asociación Público Privada (APP) que no ha podido arranca. En enero de 2025 todavía no ha aparecido la empresa interesada.
Este tramo que conecta La Dorada en Caldas con Chiriguaná en el Cesar ha sido llamado en varias ocasiones la ‘columna vertebral’ de la reactivación férrea por la propia Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), lo cual se debe a su gran extensión de más de 500 kilómetros y a su capacidad de conectar al centro del país con los puertos del Caribe como sucede con el corredor Santa Marta – Chiriguaná. Desde que se reactivó ha movilizado toneladas de carga y han sido muchas las empresas que se le han medido a enviar sus productos por esta vía, pero el verdadero empujón se quiere dar convirtiéndola en la primera APP férrea del país.
Desde agosto de 2023 la ANI, hoy en cabeza de Francisco Ospina, publicó la convocatoria para el proceso de licitación de este corredor y desde entonces se comenzaron a recibir propuestas de empresas interesadas junto con sus correspondientes observaciones.
Sin embargo, de acuerdo con la entidad, estas mismas observaciones han dado lugar a que el contrato no haya podido ser adjudicado todavía
Con el objetivo de “garantizar la participación plural de oferentes” la ANI ha suspendido en varias ocasiones los términos de la licitación. Lo hizo en octubre del año pasado, lo volvió a hacer en diciembre y la última se dio el pasado 8 de enero a través de una resolución firmada por el vicepresidente de estructuración, Luis Eduardo Acosta en la que consta que la decisión tendrá efecto hasta el próximo 20 de enero.
Advertencias sobre un posible sobrecosto, solicitudes de un sindicato y peticiones para alargar los plazos serían algunos de los reclamos de las empresas interesadas de acuerdo con el portal Valora Analitik. Así las cosas, todavía hay que esperar para que sea realidad la adjudicación del contrato de $3,4 billones.

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