La designación del abogado del régimen para la defensa de los policías involucrados en el caso del polígrafo ha sido objeto de polémica y fuertes críticas. Este jurista tomó el caso de los miembros de la institución que participaron en la prueba de polígrafo realizada a Marelbys Meza en un sótano frente al Palacio de Nariño. Para muchos, su nombramiento plantea un evidente conflicto de intereses debido a su estrecha relación y simpatía con el gobierno de Gustavo Petro.
El abogado también ha insistido en la teoría de que la muerte del coronel Dávila fue un suicidio, a pesar de que aún no se ha revelado el informe forense sobre su fallecimiento. Además, ha culpado a una llamada de Sylvia Charry, una periodista de Cambio, de haber sido el “desencadenante” de la decisión del coronel de quitarse la vida. “Cuando recibió la llamada de la periodista Sylvia Charry, él se puso en contacto con uno de los investigadores y le informó que había sido contactado por una periodista. En ese momento, no sabía que era Sylvia Charry. (Dijo) que la periodista estaba siendo persistente y ejerciendo presión sobre él. Y que su nombre iba a aparecer al día siguiente en un informe. Para mí, esa fue la razón detrás de su situación personal”, declaró en una entrevista en Blu Radio, lo cual generó el rechazo de muchos periodistas, quienes acusaron al abogado de poner en peligro la vida de la joven.
SEMANA conoció que el abogado “del régimen” alcanzó a recibir 50 millones de pesos del coronel por llevar su caso. La entrega de ese dinero la hizo en efectivo.