La Corte Penal Internacional de La Haya ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra presuntamente cometidos en Ucrania desde el 24 de febrero del 2022.
Se le acusa de ser responsable de la deportación ilegal de niños y el desplazamiento forzoso de personas, incluyendo menores de edad, desde las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. Además, la orden de detención internacional también se ha publicado contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisiria presidencial de derechos de la infancia de Rusia, por su presunta responsabilidad en los mismos actos.
La Corte ha justificado su decisión en un comunicado en el que indica que existen “bases razonables” para creer que Putin tiene una responsabilidad criminal individual por los crímenes mencionados.
Según la Corte, Putin podría haber cometido estos actos directamente, junto con otros o a través de otros, o bien por su incapacidad para controlar adecuadamente a sus subordinados civiles y militares que han cometido estos actos o los han permitido, personas que estaban bajo su autoridad y control y sobre las que tiene una responsabilidad superior. En cuanto a Lvova-Belova, está acusada de cometer estos actos u ordenarlos.
Esta orden de arresto puede tener importantes consecuencias diplomáticas, políticas y legales para Rusia y su presidente. La Corte Penal Internacional es un tribunal internacional permanente que tiene la capacidad de procesar y juzgar a personas por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Es un organismo independiente y no forma parte de las Naciones Unidas.
La orden de arresto podría aumentar la presión internacional sobre Rusia y Putin, y podrían verse sanciones económicas y políticas. También podría afectar las relaciones diplomáticas entre Rusia y otros países. En definitiva, esta noticia es una muestra de la importancia del respeto al derecho internacional y a los derechos humanos.